1º ejercicio- ABAI II

A día de hoy podemos decir que el Derecho internacional privado cumple una función social fundamental: ordenar las relaciones jurídicas que atraviesan fronteras y garantizar que las particulares y empresas no queden desprotegidas cuando un conflicto se sitúa entre varios ordenamientos jurídicos. En un mundo globalizado, donde el transporte internacional de mercancías y personas es constante, esta disciplina se convierte en una herramienta clave para asegurar la justicia, la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Mi tesis doctoral se centra en la acción directa en el transporte internacional de mercancías por carretera, analizando las cuestiones de Derecho europeo y de Derecho internacional privado que plantea. El transporte internacional es una actividad cotidiana y esencial: detrás de cada producto que consumimos hay una cadena logística transfronteriza. Sin embargo, cuando se producen daños, accidentes o incumplimientos contractuales, los afectados y los operadores se enfrentan a una gran complejidad jurídica: múltiples jurisdicciones posibles, diferentes normas aplicables y desigualdad de protección según el país implicado.

Desde una visión personal, me interesa especialmente analizar cómo las normas jurídicas pueden adaptarse a la realidad transnacional para garantizar una protección efectiva de los derechos, especialmente en contextos donde las personas afectadas se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a grandes operadores económicos.

Si lograra aportar la mejor respuesta posible a la pregunta de investigación de mi tesis, el impacto social sería significativo. En primer lugar, contribuiría a clarificar el régimen jurídico de la acción directa, facilitando que las la parte más vulnerable de la relación contractual pueda reclamar directamente a los demás sin obstáculos procesales innecesarios. Esto fortalecería la protección de los perjudicados y reduciría la asimetría entre grandes operadores del transporte y particulares o pequeñas empresas afectadas.

En segundo lugar, una mayor armonización y coherencia interpretativa entre el Reglamento Bruselas I bis, el Reglamento Roma I y la Convención CMR permitiría aumentar la previsibilidad jurídica para los operadores económicos, reduciendo costes de litigación y favoreciendo un comercio transfronterizo más eficiente. La seguridad jurídica no solo beneficia a los juristas, sino también a la economía y a la confianza en las relaciones internacionales.

Finalmente, desde una perspectiva más amplia, mi investigación pretende contribuir al debate sobre la europeización del Derecho del transporte y la protección transnacional de las la parte más débil. Si se alcanzara una solución óptima, el Derecho internacional privado dejaría de percibirse como una disciplina técnica y abstracta, para mostrarse como una herramienta con impacto real en la vida cotidiana, promoviendo una justicia más accesible, equitativa y transfronteriza.